Política pública que se encuentra al amparo de las propuestas de la Agenda 2000 de la Unión Europea. Fue desarrollada en España entre 1993-1997.
Su objetivo es el de realizar un estudio de los agricultores para después fortalecer los instrumentos agroambientales que fomenten un desarrollo sostenible de las zonas rurales y pueda responderse así a las crecientes demandas de servicios ambientales por parte de la sociedad.
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